LA TRAMPA DEL CHORREO: EL FALSO RELATO DE LA LEY DE QUIROZ
La Ley Miscelánea del gobierno de Kast promete crecimiento y reconstrucción, pero detrás de la rebaja tributaria impulsada junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, Alonso Matías Pikaia analiza #EnEfecto las verdades del regreso de una vieja obsesión económica: la promesa de que si los de arriba ganan más, eventualmente algo caerá hacia abajo.
x Alonso Matías Pikaia
La reciente aprobación en general de la Cámara de Diputados sobre la ley de “reconstrucción y desarrollo” abrió un debate de fondo en el Congreso. Cuarenta medidas. Cinco ejes. Mucho relato. El nombre oficial de la iniciativa es Ley Miscelánea, y la palabra rara vez ha sido tan precisa: un mejunje de planes donde, bajo la promesa de reactivar el país, se esconde un traje a la medida para los de siempre.
Porque ahí, tras la rebaja impositiva del 27% al 23%, los beneficios al sector inmobiliario y la reintegración tributaria, late la pregunta clave: ¿hay un solo dato real que demuestre que esto beneficia a Chile? Las cifras oficiales de Hacienda trituraron el relato de La Moneda antes de nacer: el 80% del beneficio fiscal de esta rebaja irá directo al 1% más rico. No es crecimiento para Chile; es un salvavidas para la élite económica y el pago de una deuda ideológica con sus financistas.
EL RETORNO DEL "CHORREO"
El presidente Kast presentó el proyecto con la solemnidad de quien anuncia una salvación nacional. Chile, aseguró, tenía “el impuesto de primera categoría más alto de su historia” y esa brecha “le costaba inversión, empleo y futuro”.
Su lógica es tan simple como tramposa: si a los dueños del capital les cobras menos, por pura benevolencia van a invertir más, contratar más, y la riqueza bajará hacia el resto. El problema es que esa fantasía —trickle-down economics, o economía del chorreo— lleva cuatro décadas acumulando fracasos documentados y profundizando la fractura social en el planeta.
Incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el 2015 un estudio que analizó 18 países desarrollados a lo largo de medio siglo. Su conclusión fue destructiva para el dogma del republicano: las rebajas tributarias a los sectores de mayores ingresos no generan crecimiento sostenido; solo garantizan más desigualdad. El paper se tituló Causes and Consequences of Income Inequality y fue tan incómodo que en el oficialismo prefirieron aplicar censura por omisión.
Por su parte, la OCDE, en su Latin American Economic Outlook 2025, es igual de directa: lo que necesita la región es transformar su matriz productiva, invertir en ciencia y fortalecer la capacidad del Estado. No dice “baje impuestos corporativos y rece”. Indica exactamente lo contrario.
ES EL ESTADO, NO EL MERCADO CIEGO
Miremos los ejemplos de desarrollo exitoso. Corea del Sur construyó su milagro económico con un Estado que dirigía activamente la economía: bancos públicos que financiaban industrias estratégicas y empresas nacionales protegidas. Que hoy los chilenos conduzcan sus autos, usen su tecnología y consuman su cultura no es un milagro del libre mercado; es el resultado de la mano muy visible de un Estado planificador.
Incluso en Estados Unidos, templo del capitalismo, la aprobación en 2022 del Inflation Reduction Act inyectó casi 400 mil millones de dólares en subsidios estatales directos para manufactura e innovación tecnológica. No fue un capricho progresista. Fue el reconocimiento pragmático de que el mercado, abandonado a su suerte, es incapaz de levantar un país. Un diagnóstico de urgencia industrial que hoy asume desde la izquierda demócrata hasta la derecha norteamericana, excepto en los pasillos de La Moneda.
Mientras la ley miscelánea pavimenta el camino para los grandes capitales, en el Chile de a pie las urgencias se pudren. Hay miles de profesionales jóvenes atrapados en salarios de hambre y arriendos que devoran la mitad de sus ingresos. Hay pymes que no se benefician de una rebaja de primera categoría y que están ahogadas por la falta de crédito y el nulo dinamismo interno.
¿A quién defiende entonces la ley? El Mostrador reveló el brutal conflicto de interés del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien omitió en su declaración de patrimonio que su hermano es socio de una firma de arquitectura ligada al rubro inmobiliario. Es decir, el jefe de la billetera pública lidera una reforma que beneficia directamente al sector donde su propia familia hace negocios. No es desprolijidad; es la confirmación de que en Chile la política económica se sigue diseñando entre parientes y directores de empresas.
ES EL ESTADO, NO EL MERCADO CIEGO
El economista Dani Rodrik lo ha advertido hasta el cansancio: las economías que ganan en el siglo XXI no tienen menos Estado, sino un mejor Estado. Tienen política industrial, ciencia básica e infraestructura pública. Nada de eso está en la ley miscelánea.
La propuesta del Ejecutivo no es un plan de desarrollo; es un portonazo ideológico a las arcas fiscales bajo la falsa bandera de austeridad. Mientras el Congreso se entrampa en la discusión tecnocrática de si el 27% es mucho o el 23% es poco, el país real sigue esperando respuesta a las preguntas que verdaderamente duelen: cómo se llega a fin de mes sin una tarjeta de crédito, cómo se deja de mirar la vivienda propia como un lujo inalcanzable, cómo se le explica a un joven que estudió cinco años que su título no vale nada para el mercado laboral.
El agua, en la economía del chorreo, jamás va a llegar a los de abajo. Y no va a llegar porque ese sistema está diseñado para que se evapore en el camino, directo a los bolsillos de la misma élite que hoy aplaude esta ley desde sus oficinas en Vitacura. Mientras el Congreso duerme en los laureles de los promedios económicos, las y los chilenos siguen esperando que el crecimiento deje de ser un gráfico en la televisión y se convierta en una vida que valga la pena ser vivida. Esa conversación no la está teniendo nadie en la Cámara, porque para legislar sobre el hambre, primero hay que haberla conocido.