#ENEFECTO | LA ANATOMÍA CONSERVADORA DE LA USS
En esta columna #EnEfecto el estudiante de psicología y vocero del campus Los Leones de la Universidad San Sebastián, Eduardo Traviezo-Triolo, analiza el proyecto educativo de la institución y los tintes conservadores que la componen.
x Eduardo Traviezo-Triolo
La dictadura de Pinochet “expandió el derecho a una educación básica de calidad y la capacidad de acceder a mayores niveles de conocimientos, multiplicó las oportunidades de trabajo, generó riquezas, y mejoró los ingresos familiares, provocando al día de hoy admiración y reconocimiento en el mundo”. O al menos eso dice el Proyecto Educativo (PE) de la Universidad San Sebastián (USS), vigente para el período 2018-2028.
En las últimas semanas, los lazos entre docentes y extrabajadores de la USS ligados a la derecha política pasaron de un secreto mantenido en tenso silencio a titulares nacionales. Sin embargo, y de forma casi contraintuitiva, poco se ha hablado de lo que públicamente dispone la USS al país, y que no requiere mayores investigaciones de Fiscalía o de la Superintendencia de Educación, tales como su PE. La declaración de principios muestra signos claros y poco endulzados de una ideología conservadora en su proceso educativo, que es de libre acceso y se puede descargar en su página principal.
Una lectura del Proyecto Educativo de la USS habría sido mucho menos llamativa hace cinco años de lo que es hoy. Para entender este documento vale la pena hacer un análisis anatómico de su estructura y contenido. No sin antes comprender el panorama general.
En Chile, las escuelas están obligadas (al menos por ley) a actualizar su PE cada dos años, a diseñarlos de forma participativa (lo que implica involucrar a toda la comunidad educativa) y a monitorear su cumplimiento a través de un Plan de Mejoramiento Educativo, según la adscripción del establecimiento al sistema de Subvención Escolar Preferencial (SEP). No obstante, la realidad de las universidades —y especialmente las privadas— es distinta. Si bien cuentan con un Proyecto Educativo, gozan de mayor autonomía respecto a la elección de su contenido, de las metas y objetivos de cumplimiento, del alcance participativo en su elaboración y su vigencia.
La promulgación de la Ley General de Universidades en 1981, dio inicio a la privatización de la educación superior —desembocando en la proliferación irrefrenable de universidades y la oferta de carreras o planes de estudio— y a la desarticulación de la red de universidades públicas. En su PE, la USS hace referencia a ese “legado” sosteniendo que “este gran logro nacional, que ha provocado experiencias de integración social inimaginadas hace sólo cincuenta años, y niveles de efectiva igualdad de oportunidades, como ninguna generación antes había conocido, ha contribuido de manera decisiva el emprendimiento privado en el campo educacional, en la enseñanza primaria y secundaria”.
Sin embargo, y de forma contraria, los efectos de este tipo de iniciativas en la educación chilena ha sido documentado por un sinnúmero de investigaciones y organismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que ha notado con preocupación que el sistema educativo chileno ha contribuido a la profundización de las desigualdades sociales, la estratificación y segregación de la educación y a menores niveles de regulación. Pero, al parecer, la USS no tiene la misma concepción.
En el segundo apartado de su Programa Educativo, específicamente el subtítulo ‘El derecho a la Educación’, indica que el acceso a la educación básica de calidad y a mayores niveles de conocimiento en el país “ha experimentado una expansión que no tiene precedente en nuestra historia, logro que es el resultado de un proceso que comenzó a gestarse en la década de los ochenta, cuando Chile se incorporó al grupo de aquellos países que son capaces de generar riqueza sostenidamente en el tiempo, multiplicando las oportunidades de trabajo, mejorando los ingresos familiares y ampliando los horizontes de desarrollo individual y familiar, fenómeno que cambió radicalmente la realidad del país, y que todavía provoca admiración y reconocimiento en el mundo”.
“La San Sebastián deberá revisar y actualizar su PE en cuatro años más y se enfrentará a un dilema que en las coyunturas actuales adquiere suma relevancia: el de incorporar una visión que sea fiel reflejo de la pluralidad de historias de su comunidad estudiantil”
Finalmente, en su quinto apartado, dedicado al perfil docente y estudiantil, indica que “los profesores son primariamente seleccionados según sus credenciales académicas y la experiencia profesional y en la enseñanza”, además de relevar el compromiso con su quehacer. Pese a ello, de las declaraciones públicas ofrecidas por la Universidad San Sebastián a la fecha, ninguna ha sido lo suficientemente clara ni concreta en responder cómo la labor docente e investigativa de Marcela Cubillos es respaldada por las bases del PE, por ejemplo. O dicho de otra manera, ¿qué aspectos de su labor se reflejan en actividades de vinculación con el medio? ¿Qué relaciones con la comunidad fueron construidas? ¿Cuáles fueron esos beneficios bidireccionales, y quienes estaban en los polos de esta “bidirección”? Todos conceptos incluidos en el cuarto apartado del Programa, en alusión a la selección de académicos.
Cabría preguntarse si el PE actual fue diseñado en su momento de forma participativa, involucrando a todos los actores educativos, así como si los estudiantes actuales sienten que esa “gran diversidad” es respaldada tanto por el proyecto de la universidad, como por sus prácticas. Después de todo, la actual Ley de Educación Superior exige niveles mínimos de participación, así como procesos de autoevaluación asociados a los procesos de acreditación. ¿Cuántxs estudiantes sebastianxs (egresadxs o no) pueden decir que su opinión fue acogida y considerada en el 2018 para la elaboración del actual PE?
La realidad social que se observa actualmente, plasmada en los miles de estudiantes que se han manifestado contra las redes de lucro que encuentran terreno fértil en las universidades privadas, parece indicar otra cosa. La San Sebastián deberá revisar y actualizar su PE en cuatro años más y se enfrentará a un dilema que en las coyunturas actuales adquiere suma relevancia: el de incorporar una visión que sea fiel reflejo de la pluralidad de historias de su comunidad estudiantil y no una mera declaración ideológica que sirva de carta de bienvenida (o de advertencia) a su potencial estudiantado.
¿Deben lxs estudiantes adaptarse al Proyecto Educativo de la universidad en la que “libremente” han elegido estudiar? ¿O es la universidad la que debe adaptarse a sus estudiantes, declarando valores y principios que representen la heterogeneidad de su comunidad estudiantil, corazón de su quehacer, y fuente principal de sus ingresos?