Ha estado al frente defendiendo a las víctimas de la dictadura y hasta el martes pasado encabezaba el área que colaboró en elaborar un mapa de búsqueda y trayectorias de detenidos desaparecidos en Chile. Asegura que su reciente despido, firmado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, responde a una “decisión política” por su historial en causas de derechos humanos, dentro de las cuales se encuentra la Operación Colombo en la que ambos fueron contraparte. “Nos veíamos y estuvimos muchas veces en la misma sala de audiencia desde el otro lado”.
x Tomás García Álvarez
Con un resfrío que a ratos le seca la voz, Magdalena Garcés lleva menos de una semana fuera de su cargo en el Plan Nacional de Búsqueda (PNB). Desde su casa reflexiona sobre su labor que durante casi dos años llevó a construir, junto a los equipos multidisciplinarios del PNB, un mapa de trayectorias capaz de identificar la ruta de los detenidos y detenidas desde su secuestro hasta su destino final.
El 31 de marzo pasado, fue despedida de su cargo poniendo en pausa sus tareas, aquello que alertó a funcionarios y organizaciones de Derechos Humanos por la eventual incertidumbre en la que quedaría el Plan. Sin embargo, desde el Ministerio de Justicia aseguraron que este continuará ejecutándose con nuevos lineamientos hasta ahora desconocidos.
Aunque el despido que también afectó a las ex funcionarias del Plan Nacional de Búsqueda Tamara Lagos y Paulina Zamorano, con vastas carreras en el Programa de Derechos Humanos, no la sorprende, reconoce que está triste y que la forma en que ocurrió la dejan con un trago amargo. “Se dijo que eran instrucciones o razones de la autoridad, que es un concepto que, por cierto, en Derecho Administrativo ya no rige”, sostiene Garcés.
Lo que más le preocupa, dice, es que no existieron instancias previas para reunirse y concretar un traspaso responsable de las áreas del PNB, que es lo que en la mayoría de los casos ocurre.
“La autoridad nunca se juntó con nosotros, salvo haberse presentado. Jamás pudimos conversar, ni siquiera contarles qué es lo que estábamos haciendo, cuál era la tarea que estábamos desarrollando”.
Por ese motivo, Garcés agrega que es paradojal que una de las razones esbozadas en la desvinculación fuera que carecía de “liderazgo y comunicación” con la autoridad porque “ellos no me conocen, por lo tanto, no saben si tengo condiciones de liderazgo o de comunicación. Jamás hemos conversado”.
El ministro Fernando Rabat dijo hace algunos días que el suyo y el de sus colegas son “cargos de confianza”, es natural que de ser este el caso se solicite la renuncia, ¿no?
Yo postulé vía concurso público a un cargo técnico, y estaba haciendo un trabajo muy técnico (…) Me genera mucha indignación porque eso es desconocimiento absoluto de la Administración Pública. Yo no fui designada, no era funcionaria de confianza, los funcionarios de confianza están designados por ley. Eso no es así.
Si fuera un cargo de confianza, ¿hubiera renunciado?
Por supuesto, hubiera tenido que hacerlo. Pero no es el caso.
Magdalena Garcés es reconocida por haber sido querellante en casos como la Operación Cóndor –un plan represivo ejecutado por diferentes dictaduras latinoamericanas a partir de 1975– Alfa Carbón, Neltume 81 y trabajar junto a organizaciones y sitios de memoria como Londres 38.
Aunque prefiere no llamarles casos “emblemáticos”, uno de los procesos que más la ha marcado fue el de la Operación Colombo. En marzo de 2023, la Corte Suprema condenó a 59 agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por el secuestro de 16 víctimas de dicha operación, después de años de procedimientos legales. Fue en alguna de esas instancias que Magdalena Garcés y el actual ministro de Justicia, Fernando Rabat, coincidieron en la misma sala de audiencias: ella defendiendo a las víctimas, él al dictador Augusto Pinochet.
¿Se conocieron con el ministro Rabat?
Lo vi muchas veces porque él era parte del equipo que defendía a Pinochet, por lo tanto estuvo presente en los desafueros de Pinochet. Normalmente él era parte del equipo que trabajaba con Pablo Rodríguez [su socio y fundador del movimiento de extrema derecha Patria y Libertad].
A mí me tocó alegar uno de los desafueros y era parte de los equipos. Usualmente alegaba otro colega que era Boris Paredes, así como era común que en el equipo de Rabat, alegara Pablo Rodríguez. Pero, como te digo, era el equipo de la contraparte, entonces claro, por supuesto que nos veíamos y estuvimos muchas veces en la misma sala de audiencia desde el otro lado.
Quien fuera su contraparte hoy lidera el Ministerio de Justicia…
Sí, es paradojal. Entre abogados respetamos el derecho a defensa que tiene cualquier persona en el mundo y quienes asumen sus defensas. Todos tienen derecho a una defensa y una buena defensa técnica. Pero obviamente en casos de esta magnitud, de esta envergadura respecto a las graves violaciones a derechos humanos, hay un compromiso emocional, por lo menos de parte de nosotros, muy importante y de convicción respecto a defender a las víctimas, a defender la vida, a defender a quienes fueron hechos desaparecer.
¿Ve alguna relación con su salida del PNB?
Para mí sí tiene que ver con mi trayectoria. Me imagino que no son casos cómodos para la actual administración.
Desde que el Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia se puso en marcha, luego del decreto firmado por el ex presidente Gabriel Boric en 2023, sus diversas áreas se entregaron a la tarea de identificar causas judiciales de víctimas de desaparición forzada sobreseídas temporalmente, las que ya suman más de 300.
Además, solo en 2025 se lograron ejecutar 130 diligencias en terreno, en contraste con las 6 que solían hacerse antes de la creación del PNB, aquellas que podrían permitir identificar mediante técnicas de georeferencia la existencia de osamentas o restos culturales.
Para Magdalena Garcés estos avances responden al compromiso del equipo de trabajo que se ha desplegado durante los últimos años. “Es lo que me genera más tristeza [de la desvinculación], porque hay un trabajo que se está desarrollando de gran calidad técnica, con distintos ministerios, en colaboración con el Poder Judicial y apoyo técnico para aplicar metodologías de búsqueda o de intervención en terreno”, comenta la abogada.
A partir de la Coordinación de una Mesa Técnica de Archivos, que reúne a servicios como el Médico Legal, la PDI, Carabineros, el Ministerio de Defensa, entre otros, el PNB logró identificar más de 30.000 archivos que prontamente serán digitalizados, contribuyendo a la política de verdad y justicia.
Pese a los avances, el año pasado el Plan fue duramente criticado luego de que se hiciera público el caso de Bernarda Vera: una investigación interna logró comprobar que la ex militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en realidad no estaba desaparecida, sino que vivía en Argentina.
Actualmente, el caso es investigado bajo estricta reserva por el ministro en visita Álvaro Mesa, lo que para Garcés es positivo “después de las filtraciones que hubieron”. “Yo creo que para los familiares fue muy duro porque justamente lo que no quieren es volver a ser revictimizados”.
¿Cómo se llevó este caso a nivel interno?
Fue un momento difícil porque nosotros estábamos investigando todos los casos y en el número de calificados por supuesto que podían haber casos en que hubiera algún error o inconsistencia. El caso de Bernarda Vera es una persona que lo que nosotros sabemos es que nunca tomó contacto con los familiares (…) Por lo tanto, fue calificada de buena fe por las comisiones de verdad. Sin embargo, fueron apareciendo con el transcurso de los años algunos indicios de que podría haber tenido otra suerte distinta (…).
Y lo más difícil también es ver cómo sectores de la derecha usan situaciones como estas para volver a atacar y denigrar a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Yo creo que eso es inaceptable.
Parte de investigar es descartar todas las hipótesis, ¿pueden haber más casos como este? ¿los hay en el PNB?
No, pero yo creo que tenemos muchos casos de personas que no fueron calificadas siendo víctimas de desaparición forzada, cuyos casos se están investigando. No nos ha ocurrido, pero que pudiera ocurrir es una posibilidad. O sea, no tengo la soberbia para creer que tengo la verdad absoluta de lo ocurrido. Como te digo, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación fue una comisión que hizo un increíble trabajo, que marcó un antes y un después. Creo que es de una rigurosidad muy importante, pero eso no significa que no pueda ser. Hay errores judiciales y no va a haber un error administrativo.
En vista de lo que ha pasado las últimas semanas, ¿cómo ve que se seguirá desarrollando el Plan Nacional de Búsqueda?
Tenemos que ver hechos. Si es que hay una voluntad realmente de mantener a los equipos, y los presupuestos. Son equipos muy pequeños para la magnitud del trabajo encomendado. Por lo tanto, tendremos que observar si realmente hay una voluntad de fortalecer el Plan, de realizar las diligencias, de coordinarse con el Poder Judicial, de coordinarse con las otras instituciones, y hacer funcionar las mesas operativas y técnicas. Creo que tendremos que estar muy atentos y observantes respecto de la continuidad de esta política.